La Fiscalía de la ciudad de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
El ministerio público presentó su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista rechazara el 27 de julio el último acuerdo del ente estatal para rebajar las penas y evitar el juicio.
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Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.
Como las penas solicitadas no superan los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena la cantante podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.
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En el mes de mayo la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a Shakira a juicio, ante los indicios de que residía en España 'de manera habitual' entre los años 2012 y 2014: primero en la capital catalana y después en una vivienda de la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona) que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.
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Según el ministerio público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por 'motivos profesionales, con una duración muy corta', a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense 'The Voice' (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira 'utilizó un entramado societario', con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio. La Fiscalía sostiene que el plan de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
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Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una mínima tributación fiscal, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos. La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos.
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El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la persecución a que la sometía Hacienda y la intransigencia de la Fiscalía durante todo el proceso.
EFE
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