Los familiares se mostraron desilusionados y preocupados por la decisión que tomó un juez de dejar en libertad al coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano -comandante del B2 en la época de la toma y retoma de la sede judicial- y a otros cinco ex efectivos de las Fuerzas Militares.
"Es una falta de respeto a la justicia colombiana y a los familiares. Se está reiterando la impunidad en el caso, se está viendo que es por (vencimiento de) términos, no por falta de pruebas", recalcó Sandra Beltrán, familiar de uno de los desaparecidos.
Tanto Beltrán como René Guarín, familiar de otro desaparecido, denunciaron que hubo maniobras dilatorias en la investigación para favorecer a Beltrán y a los otros ex militares involucrados en la desaparición de los 11 empleados de la cafetería.
"Si hay vencimiento de términos y se están mandando la pelota de un juzgado a otro, sabiendo que no lo pueden ni lo deben hacer, ¿qué nos están diciendo?", se preguntó Beltrán y a renglón seguido respondió: "Están arreglando las cosas de tal manera que se venzan los términos y ellos puedan quedar en libertad".
"Este es un hecho que vamos a denunciar ante tribunales constitucionales como una maniobra para dejar impune el crimen de nuestros familiares, que fueron desaparecidos a 100 metros de la Casa de Nariño", agregó Guarín.
Sánchez y otros ex oficiales del Ejército han sido investigados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 un comando guerrillero del M-19 se tomó la sede legislativa. Al final, el Ejército irrumpió en el sitio y recuperó el control. En los hechos perdieron la vida por lo menos un centenar de personas y otras tantas desaparecieron.
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Bogotá
