“Los organismos de control tenemos un gran deber de ser imparciales, de movernos autónomamente”, enfatiza el procurador Carrillo. “Ojalá el señor fiscal pueda explicar todo esto. Él tiene derecho a la defensa. Estos son deberes y funciones públicas transitorias. Aquí la clave es defender la institucionalidad. La gente tiene muchas dudas”, insiste.
Sobre si cree o no en el fiscal Martínez, el procurador opina que “esto se ha convertido en un enigma sin límite pues siguen saliendo elementos de juicio”.
“La gente quiere respuestas y certezas, y el fiscal tiene derecho a defenderse”, enfatiza.
Al declararse impedido el fiscal y tener una recusación la vicefiscal, estamos ante una situación inédita. Hay un vacío jurídico, pero para eso está la Corte y la Jurisprudencia.
Se debe precisar si es necesario un fiscal ad hoc, que sea autónomo, independiente, imparcial y eficaz. Por eso, la Procuraduría ha propuesto que el equipo que ha venido trabajando lo siga haciendo, pero bajo las órdenes del fiscal ad hoc.
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