La empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en Internet, cumple dos meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá luego de haber sido condenada por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público debido a los daños causados contra el sistema público de transporte en el marco del paro nacional de 2019.
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Recientemente, la influenciadora concedió una entrevista para la Revista Semana, en donde no solo confesó cómo ha vivido este proceso a manera personal, sino que también admitió que una de sus vecinas de celda es Carolina Galván, la madre de Sara Sofía, la menor que fue asesinada y cuyo cuerpo nunca se encontró.
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Qué pasó con el cuerpo de Sara Sofía
"Estoy viviendo con Carolina Galván", confesó Barrera, añadiendo que también está junto a una compañera que fue capturada por haber matado a golpes a su hija. A pesar de que hizo énfasis en que trata de no juzgar a las condenadas, esta situación le causa un poco de preocupación porque es mamá de su hija Daphne Samara, quien tan solo tenía nueve meses de nacida cuando la alejaron de su madre, que fue aprehendida por el CTI en enero de 2025.
“Yo no soy quién para juzgarlas, pero escuchar eso me duele demasiado porque tengo una hija de nueve meses. Me perturba demasiado”, mencionó.
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De igual forma, dio a conocer la confesión que presuntamente le hizo Galván sobre el crimen, dado que los restos de la pequeña nunca fueron encontrados. Según explicó, "habían quemado" a Sara Sofía, lo que daría un giro total al caso, pues las autoridades analizaban la hipótesis de que hubiese sido lanzada a un río.
Sara Sofía, de tan solo dos años, fue reportada desaparecida desde el 15 de febrero de 2021 por su tía Xiomara, quien estaba a su cargo. Luego de una ardua investigación, la justicia colombiana determinó que Carolina Galván, de 23 años, y el padrastro de la niña Nilson Díaz, de 48 años, eran culpables por el delito de desaparición forzada, condenándolos de esta forma a 42 años y seis meses de prisión y una multa de 3.874.995 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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