"La Comisión será una instancia temporal, técnica, externa, independiente del canal en el desarrollo de su mandato. Su trabajo no estará subordinado a directivos, áreas internas, intereses comerciales, relaciones jerárquicas ni consideraciones reputacionales del medio."
El acoso y las violencias basadas en género constituyen una realidad que atraviesa a todas las sociedades y sectores, y cuya prevención y atención exige respuestas serias, claras y sostenidas por parte de las organizaciones. Los medios de comunicación, por su relevancia social, su estructura de relaciones laborales y su capacidad de incidir en la cultura, están llamados a adoptar los más altos estándares de cuidado, respeto, igualdad y dignidad. En ese contexto, la construcción de un protocolo integral de prevención, atención y respuesta frente a las violencias de género representa una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional, consolidar entornos seguros y de confianza, y reafirmar el compromiso institucional con los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.
Ante los graves hechos de acoso y violencia de género denunciados, el Canal Caracol informó a sus trabajadores, colaboradores, contratistas, audiencias y a la opinión pública que decidió crear una Comisión Independiente para avanzar en una investigación autónoma, que teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ponga el foco en los ajustes que se requieren para afrontar el futuro bajo un compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Esta decisión responde a la convicción de que situaciones de esta gravedad exigen una respuesta seria, confiable y útil. No basta con reaccionar con firmeza frente a los hechos. También es necesario entender y corregir las fallas institucionales, y adoptar cambios de fondo para transformar la cultura, las prácticas y los procesos institucionales destinados a prevenir que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.
La Comisión no busca una reacción meramente coyuntural, sino identificar problemas estructurales en la cultura organizacional, en los canales de denuncia, en las relaciones de poder y en los mecanismos de protección, con el fin de formular recomendaciones concretas, fundadas en estándares internacionales de derechos humanos y en buenas prácticas, orientadas a la prevención y la protección de hechos que comprometen la dignidad y los derechos de las personas afectadas. Su tarea es proponer una política integral de prevención, atención y respuesta frente al acoso sexual y las violencias basadas en género.
La Comisión tendrá como finalidad principal:
- Recibir, organizar y analizar toda la información relevante asociada a posibles situaciones de acoso sexual y violencia basada en género.
- Examinar el funcionamiento institucional del canal para determinar si existen fallas en la prevención, recepción, tramitación, investigación y respuesta frente a este tipo de situaciones.
- Identificar patrones estructurales, factores de riesgo y condiciones de cultura organizacional que hayan invisibilizado o permitido estas conductas.
- Formular recomendaciones claras, viables y verificables para fortalecer la prevención, la atención, la protección de las personas afectadas, la rendición de cuentas interna y la transformación institucional.
- Contribuir a restablecer la confianza dentro de la organización mediante un proceso serio, independiente y orientado a resultados.
Para el cumplimiento de su tarea, la Comisión podrá:
- Solicitar y recibir documentos, informes, manuales, expedientes, registros y demás insumos relevantes.
- Recibir testimonios, observaciones, informes y aportes de personas afectadas, testigos, y terceros relevantes.
- Realizar entrevistas individuales y grupos focales.
- Requerir información a dependencias internas.
- Identificar patrones de riesgo y fallas de funcionamiento y recomendar medidas urgentes de protección y prevención.
- Proponer recomendaciones claras, viables y verificables para la creación de una política integral para un ambiente libre de acoso sexual y violencias de género.
La Comisión no investigará casos individuales con miras a imponer sanciones disciplinarias, laborales, administrativas ni penales, ni emitirá decisiones judiciales o cuasijudiciales pues no puede sustituir las competencias de las autoridades legalmente facultadas para investigar o sancionar.
Sin perjuicio de lo anterior, orientará a todas las personas que así lo deseen en el uso de los mecanismos de defensa que existan o solicitará las medidas urgentes de protección cuando a ello haya lugar.
La Comisión será una instancia temporal, técnica, externa, independiente del canal en el desarrollo de su mandato. Su trabajo no estará subordinado a directivos, áreas internas, intereses comerciales, relaciones jerárquicas ni consideraciones reputacionales del medio.
El canal se compromete a respetar la autonomía metodológica, analítica y deliberativa de la Comisión, a suministrarle los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea y a no interferir en la definición de su enfoque, sus hallazgos ni sus recomendaciones.
La Comisión orientará sus actuaciones conforme a los siguientes principios:
La Comisión estará integrada por las siguientes personas con experiencias diferenciadas en género y prevención de violencias; libertad de expresión; estructura organizacional e investigaciones disciplinarias internas; y conocimiento del sector de medios de comunicación.
Catalina Botero Marino
Derecho constitucional · Derechos humanos · Libertad de expresión
Catalina Botero Marino es una abogada colombiana. Es especialista en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Actualmente dirige la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión en la Universidad de Los Andes y forma parte del Columbia Global Freedom of Expression Initiative, programa que lideró durante varios años.
Es comisionada de la Comisión Internacional de Juristas y miembro del Consejo Asesor del Instituto de Derechos Humanos de la IBAHRI. Fue relatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 2008 y 2014, magistrada auxiliar, encargada y conjuez de la Corte Constitucional, y conjuez del Consejo de Estado, así como copresidenta del Oversight Board de Meta.
Ha integrado el panel externo de transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo, el Panel de Revisión de Acceso a la Información de BID Invest, es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y ha sido asesora jurídica de agencias estatales como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en temas de derechos humanos y derecho constitucional.
Es socia fundadora de Dejusticia (Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad), una organización no gubernamental destinada a la defensa regional de derechos humanos y ha pertenecido a consejos de organizaciones globales como Artículo 19 y Center for Reproductive Rights, y de organizaciones colombianas como la FLIP y Fededesarrollo. Además, fue fundadora y copresidenta del capítulo Colombia de ICON-S (International Society of Public Law).
Alejandra Negrete Morayta
Directora de Justicia Cívica · Gobierno de la Ciudad de México
Alejandra es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España.
Se ha desempeñado como: Comisionada Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en México, Procuradora Federal de Defensa del Trabajo, Directora General de Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y asesora en materia de derechos humanos en la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México.
A nivel internacional, se ha desempeñado como especialista en derechos humanos y violencia de género en la Comisión Interamericana de Mujeres, como abogada especialista en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mia Perdomo
CEO y cofundadora de Aequales
Mia es sicóloga de la Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en Derechos Humanos del London School of Economics.
Es promotora de la equidad de género y de ambientes laborales libres de violencia y acoso sexual y defensora de los derechos sexuales y reproductivos, formando parte de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF).
Nombrada como "Young Global Leader" por el Foro Económico Mundial y reconocida por medios como la BBC (una de las 101 personas que cambian el mundo del trabajo) y Fast Company (una de las personas más creativas en negocios). Ha posicionado al Ranking PAR como un referente regional con datos de más de 2,400 organizaciones en 20 países.
Carlos Alfonso Negret
Abogado consultor
Carlos es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España.
Se posesionó como Defensor del Pueblo en septiembre de 2016, cargo que ocupó hasta septiembre de 2019. Durante su ejercicio como Defensor del Pueblo impulsó la adopción de la Política de Cero Tolerancia al Acoso Sexual Laboral, la primera Política de Género de la Defensoría del Pueblo y rutas de atención para víctimas de violencia basada en género, así como programas de defensa pública especializados a nivel nacional. Asimismo, lideró acciones de incidencia que contribuyeron al reconocimiento por parte de la Corte Constitucional de la discriminación estructural contra las mujeres en el fútbol colombiano.
Lideró la Relatoría para el esclarecimiento de los hechos de violencia policial ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá.
La Comisión contará con una Secretaría Técnica a cargo de AEQUALES encargada de tres tipos de tareas:
- La elaboración de los proyectos de diagnóstico y política integral, bajo la dirección de la Comisión.
- La administración del canal de comunicación con las personas interesadas y la custodia de toda la información sensible recibida.
- Prestar apoyo logístico, documental, metodológico y administrativo; custodiar información; elaborar y coordinar las encuestas y entrevistas con personas afectadas, miembros del canal, expertas y grupos focales; consolidar insumos; asegurar trazabilidad; y elaborar las actas y documentos de trabajo.
La Secretaría Técnica actuará bajo instrucciones de la Comisión y deberá observar estrictos deberes de reserva, custodia documental y manejo seguro de información sensible.
Antes de asumir funciones, cada integrante de la Comisión y de la Secretaría Técnica deberá suscribir una declaración de independencia, confidencialidad y ausencia de conflicto de interés y se comprometerá a no tener ninguna relación comercial o laboral, de ningún tipo, con el canal, durante el año siguiente a la terminación de labores de la comisión.
Cuando sobrevenga una causal de impedimento o conflicto de interés, la persona afectada deberá manifestarlo de inmediato. La Comisión decidirá sobre la procedencia de su apartamiento y, de ser necesario, solicitará la designación de reemplazo.
La Comisión consultará organizaciones y personas con experiencia acreditada en derechos de las mujeres, violencia basada en género, protección de trabajadoras, libertad de expresión, ética organizacional o sectores afines.
Se busca que las personas y organizaciones consultadas puedan asesorar a la Comisión desde una perspectiva de derechos y buenas prácticas.
La Comisión ha acordado con Caracol la adopción de las siguientes medidas preliminares:
- Asegurar la preservación de documentos indispensables para el adecuado diagnóstico.
- El canal facilitará asesoramiento jurídico independiente a mujeres periodistas a través de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y El Veinte, organizaciones que actuarán con plena autonomía y confidencialidad.
- El canal facilitará, a través de la organización "No Es Hora de Callar" un acompañamiento para la transformación cultural y de apoyo psicosocial para las mujeres que consideren que sus derechos han sido afectados por los hechos de violencia o acoso sexual que dieron origen a la creación de la comisión.
- El canal impartirá un curso de libertad de expresión con perspectiva género liderado por la periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez, Magíster en Estudios Humanísticos (U. Eafit), con formación en estudios de género (CLACSO, 2009), y editora de género de Mujeres Digitales (Secretaría de las Mujeres de Antioquia, 2009) quien tiene amplia experiencia en este tema.
El diagnóstico debe seguir un método mixto: forense, jurídico, organizacional y cultural. No basta con revisar denuncias formales previas, porque en los casos de acoso y violencia de género la subdenuncia es estructural.
Fase 1 · Semana 1
Fijación del mandato
La comisión elabora sus reglas de funcionamiento, delimita el periodo a revisar, el universo de personas cubiertas, las reglas de confidencialidad y el detalle de los productos esperados.
Fase 2 · Semana 2
Recolección y análisis documental
Auditoría de normas y práctica efectiva: políticas internas, manuales, protocolos de queja, resultados y procesos anteriores, evaluación de clima, y cualquier antecedente de quejas informales.
Fase 3 · Semana 3
Recepción segura de información y entrevistas
La comisión abrirá una ventana temporal para recibir testimonios y documentos por varias vías: formulario seguro, entrevistas virtuales y presenciales, canal WhatsApp y Signal. La confidencialidad será estrictamente respetada.
Fase 4 · Semana 3
Identificación de la cultura institucional
La comisión aplicará una encuesta anónima de clima o cultura organizacional en materia de género y realizará grupos focales para identificar fortalezas y debilidades organizacionales.
Fase 5 · Semana 4
Análisis estructural y hallazgos
Análisis para identificar buenas prácticas, patrones y factores de riesgo, así como aspectos normativos, de procesos y de la cultura institucional que favorecen o dificultan el uso de los mecanismos de denuncia.
Informe final · Semanas 5-8
Recomendaciones integrales
La Comisión propondrá un paquete integral de recomendaciones basado en cinco pilares: gobernanza, política clara, canales confiables de reporte, medidas de protección, y sensibilización para el cambio cultural. El informe termina con un plan de implementación.
Con base en el informe final, la comisión recomendará una hoja de ruta que deberá incluir, como mínimo:
- Revisión y actualización integral de políticas y protocolos sobre la base de los modelos suministrados.
- Diseño o rediseño de canales de denuncia seguros, independientes y accesibles.
- Reglas reforzadas de protección frente a represalias.
- Protocolos específicos para contextos de mayor riesgo.
- Formación obligatoria y diferenciada para directivos, mandos medios y personal operativo, así como capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que ingresen al canal.
- Fortalecimiento de los mecanismos de investigación, atención y supervisión.
- Ajustes de gobernanza.
- Seguimiento semestral y evaluación de cumplimiento.
La Comisión Independiente invita a participar en este proceso a todas las personas trabajadoras, colaboradoras, contratistas y demás personas vinculadas al canal que deseen aportar información relevante. Para estos efectos, la comisión abrirá una ventana temporal para recibir testimonios y documentos por varias vías: formulario seguro, entrevistas virtuales y presenciales, canal WhatsApp y Signal. Esto permitirá el reporte de todas las personas interesadas.
Sabemos que compartir una experiencia, un relato o una preocupación de esta naturaleza puede ser difícil. Por ello, la Comisión, con apoyo de su Secretaría Técnica, habilitará un canal externo, seguro y accesible para la recepción de información, testimonios, documentos y otros insumos relacionados con posibles situaciones de acoso, violencia basada en género, barreras de denuncia, fallas institucionales o contextos de riesgo.
Este proceso ha sido pensado para ofrecer condiciones de escucha, respeto y resguardo. La recepción de información se llevará a cabo bajo estrictos principios de confidencialidad, reserva, protección de datos sensibles, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y no revictimización.
Desde el primer contacto, la Comisión informará de manera clara cuál es el alcance de su mandato, qué uso se dará a la información compartida y bajo qué medidas de confidencialidad y reserva será tratada.
La información será utilizada exclusivamente para el diagnóstico institucional y la identificación de factores de riesgo, fallas estructurales y fortalezas. Cuando resulte necesario, la Comisión también podrá orientar sobre rutas de atención y medidas urgentes de protección.
Cada acercamiento será atendido con respeto a la dignidad, la seguridad y la autonomía de las personas. Los hallazgos y recomendaciones se presentarán de forma agregada, sin exponer identidades ni datos que permitan individualizar a las personas. La información será conservada únicamente por el tiempo estrictamente necesario para cumplir el mandato de la Comisión y elaborar sus productos finales, conforme a las reglas aplicables.
Todas las dependencias, directivas, trabajadoras y trabajadores, contratistas y personas colaboradoras del Canal deberán prestar la colaboración necesaria para el cumplimiento del mandato de la comisión, dentro del marco de la ley y con respeto por los derechos fundamentales de todas las personas involucradas. También se espera un compromiso institucional claro con la confidencialidad, la protección de las personas y la adopción de correctivos de fondo.
Canales de recepción de información
Las personas interesadas en contactar a la Comisión para aportar información relevante, pueden hacerlo a través de los siguientes canales:
📧 Correo electrónico: contacto@comisioninvestigativa.com
💬 WhatsApp o Signal: +52 561 107 0560