Ciudadanos denuncian que una de las amenazas es que serán despedidos si no acuden a las urnas el 30 de julio.
“Están solicitando la información de todos los trabajadores, la dirección donde uno vota, donde vota mi familia”, dijo uno de los empleados públicos.
El Gobierno también advirtió que quien proteste durante la elección de magistrados para la Asamblea Constituyente, podría ir a prisión hasta por 10 años.