Durante la lectura este jueves del documento, se criticó la "censura a los medios de prensa", pues la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, permitió la transmisión de un partido de fútbol mientras el Palacio estaba en llamas.

"Es decir, ese intento deliberado de impedir que la sociedad colombiana conociera lo que estaba ocurriendo, que oyera la voz de quienes desde su condición de rehenes pedían que se impusiera la razón y cesara el fuego indiscriminado".

El reporte indicó además que el Ejército fue culpable del tercer incendio en la edificación que se convirtió en el más devastador.

Asimismo, reiteró que varios de los civiles desaparecidos salieron con vida del Palacio, acompañados por militares, y detalló que ocho guerrilleros fueron ejecutados extrajudicialmente al interior del recinto.

Sobre ellos, la Comisión les pidió al Gobierno, a la Fiscalía General y a las entidades judiciales redoblar sus esfuerzos para hallar los restos de los desaparecidos.

Según el documento, el Estado tuvo responsabilidad en el hecho de acción y omisión por no dialogar, y por tolerar o autorizar la operación militar de retoma.

Por ello, hizo al Estado colombiano para que asuma su responsabilidad política.

Lo anterior obedece a dos fallas, señaló el presidente de la Corte Constitucional e integrante de la Comisión de la Verdad, Nilson Pinilla.

La primera "es una falla en el servicio al haber retirado la vigilancia, que se había reforzado, y se la retira el día anterior a la toma del Palacio de Justicia. Y la otra por exceso de fuerza que el Ejército y la Policía Nacional utilizaron para contraatacar al M-19".

El informe también se refirió a la acción del extinto grupo guerrillero en el holocausto, de quien señaló que recibió financiación del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, capo del cartel de Medellín.

Según el documento, Escobar les entregó armas a los asaltantes y dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, por entonces jefe del Movimiento 19 de abril (M-19).

Pinilla afirmó que existen "pruebas directas de testigos visuales de reuniones de Pablo Escobar con Iván Marino Ospina".

Al ser preguntado sobre si consideraba que Betancur debía ir a la cárcel por la toma, aclaró que "no es parte del mandato que recibió la Comisión de la Verdad establecer responsabilidades individuales".

Sin embargo, reveló que "de propia boca del presidente Betancur escuchamos que él dio la orden de restablecer la democracia recuperando el edificio con respeto a la vida de los rehenes y de los guerrilleros, así lo manifestó él reiteradamente a la Comisión de la Verdad".

"Hubo después una interrupción de la comunicación del (ex) presidente de la República con las Fuerzas Militares y luego todo el país contempló que allí no se estaba respetando la vida de nadie", agregó.

Por su parte, Cecilia Cabrera, esposa de Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería y cuyo paradero es desconocido, expresó que "es satisfactorio saber que dentro del informe se contempla un capítulo de los desaparecidos del Palacio de Justicia y que se hace público a nivel nacional e internacional".

"Pero para nosotros no hay una verdad plena, aún no conocemos la verdad, por tanto seguiremos en la lucha que hemos llevado por más de dos décadas", añadió.

Bogotá