El aborigen Edwin Legarda fue víctima de una "ejecución extrajudicial", afirmó este miércoles el presidente de la Comisión de Paz, Alexander López, en una constancia pública que dejó en consideración del pleno de la Cámara alta.

Legarda, esposo de la líder indígena Aída Quilcué, murió en un hospital de Popayán poco después de recibir tres tiros de fusil disparados por soldados en la carretera que comunica a Inzá con Totoró, localidades del departamento del Cauca.

El aborigen, que pertenecía al pueblo Páez, conducía una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que estaba asignada a Quilcué.

La dirigente indígena advirtió la víspera que el atentado estaba dirigido contra ella, acusación que reiteró a Noticias Caracol este miércoles.

Quilcué es consejera mayor del CRIC y dirigió una reciente protesta de la minoría étnica que movilizó a miles de personas hasta la capital colombiana.

Es un "hecho trágico que compromete de manera directa la responsabilidad del Gobierno nacional en el manejo del orden público en esta zona del país (el Cauca) y su política para el tratamiento del conflicto con las comunidades indígenas", consideró el senador López, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA).

El CRIC se pronunció en similar sentido y afirmó que se trató de "un atentado de las manos asesinas del Ejército nacional de Colombia".

Santos niega acusación, Uribe dice que carro no atendió orden de pare

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, rechazó la acusación y dijo que la muerte de Legarda fue producto de un error que debe investigarse.

"Tenemos que esclarecer qué sucedió, o dónde hubo un exceso de fuerza, o una acción irresponsable, pero puedo asegurar que la versión de un asesinato premeditado no tiene ni pies, ni cabeza", subrayó en respuesta a las declaraciones de los políticos y los líderes aborígenes.

El ministro señaló que fueron los propios soldados los que informaron del hecho y reiteró que se ha pedido una investigación a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación (órgano que vigila el desempeño de los funcionarios públicos y cargos electos), así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organización que condenó y expresó su preocupación por el asesinato.

"Si es el caso estamos dispuestos a indemnizar a quien sea", agregó el funcionario.

Santos también manifestó que los militares no tienen orden de disparar a los vehículos que pasan por retenes.

Por su parte, el presidente Álvaro Uribe recordó que en la zona donde se produjeron los hechos han ocurrido graves alteraciones de orden público en los últimos días, como el secuestro y posterior asesinato de una señora, y recalcó que el Ejército tenía noticias de que en un carro que iba a pasar por la carretera eran transportadas armas.

"Relatan el comandante de la III División y los integrantes del Ejército que (estuvieron) en ese operativo, que habían recibido información de que un carro estaba transportando armas", dijo el jefe de Estado.

El primer mandatario, que insistió en que el carro desatendió una orden de pare, señaló que su Gobierno acogerá las conclusiones que sobre el caso presente la comisión investigadora y reconoció que el retén militar no tenía todos los requerimientos técnicos, "como serían las señales, tema que van a tener en cuenta los investigadores".

Finalmente, el senador López le exigió a Uribe encabezar las acciones que lleven a esclarecer los hechos y que ofrezca disculpas a la familia de la víctima, a los aborígenes y a sus organizaciones.

El conflicto con los aborígenes, dijo luego, "se ha visto ensombrecido en el último período por amenazas reiteradas, abusos permanentes de la fuerza pública, persecuciones de tipo judicial y violaciones reiteradas de los derechos humanos en una creciente espiral de militarización, paramilitarización y agresión hacia los territorios y jurisdicciones indígenas por parte del Gobierno".

Bogotá