Legarda, cónyuge de Ayda Quilcue, una de las organizadoras de la protesta indígena realizada en octubre y noviembre pasados, falleció en un hospital de Popayán poco después del incidente, que se registró entre las poblaciones de Inzá y Totoró, en el departamento de Cauca.
"Infortunadamente murió", dijo el general Justo Eliseo Peña, comandante de la Tercera División del Ejército, y a la que pertenecen las tropas implicadas en los hechos.
El oficial aseguró en Cali, la sede de su unidad castrense, que el esposo de la dirigente aborigen se transportaba este martes por la madrugada en un vehículo que hizo caso omiso a una señal de pare de las tropas.
"Los soldados se confundieron e, infortunadamente, dispararon", agregó Peña antes de viajar a la zona para investigar los hechos, previamente denunciados en Bogotá por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
No obstante, las autoridades indígenas dijeron que se trató de un crimen y que un total de 17 tiros de fusil recibió el vehículo en el que fue herido de muerte Legarda.
Los tiros entraron por el frente y los costados del automotor, indicó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y consideró que ello "refleja la brutalidad de la acción militar".
Fue "un atentado criminal contra el vehículo de la consejera mayor del CRIC Aída Quilcué que deja como víctima mortal a su compañero Edwin Legarda", expresó la ACIN en un comunicado divulgado desde Santander de Quilichao (Cauca).
Aunque el general Peña insistió en que los disparos fueron hechos en un retén para el control del tráfico, los indígenas advirtieron que testigos de los hechos aseveran que "no había retén en la vía ni se dio la orden de alto por parte de las tropas".
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunció por su parte una investigación sobre los hechos y dijo que en ella participarán, entre otros, la ONU, la Procuraduría y la Fiscalía
"Fue un atentado"
"Creo que el atentado era para mí", dijo Ayda Quilcue, que ejerce como consejera mayor del Organización Nacional Indígena de Colombia y afronta amenazas de muerte de origen paramilitar.
De hecho, el vehículo atacado pertenecía al CRIC y estaba asignado a Aída Quilcué, quien el lunes pasado llegó a Colombia después de realizar un viaje a Suiza para promover los derechos humanos.
La líder indígena encabezó la minga de los pueblos aborígenes del suroeste del país, que de octubre a noviembre pasados caminaron hasta Bogotá para exigir la devolución de tierras y el fin de la violencia contra sus comunidades.
El presidente de la ONIC, Luis Evelis Andrade, denunció que las amenazas contra los pueblos del suroeste, entre ellos el Páez, al que pertenece Quilcué, se incrementaron desde la reciente minga por efecto de los señalamientos a la minoría étnica por parte de altos cargos del Gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Las amenazas han aparecido en panfletos de las autodefensas (paramilitares), agregó Andrade, quien exigió al Ejecutivo que investigue los hechos y asuma la responsabilidad que le corresponde.
Bogotá
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