La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Salud, encargada de investigar el caso.

Según un comunicado de prensa emitido por la ONG Women's Link Worldwide, que dirige Mónica Roa -gestora de la sentencia que aprueba el aborto en tres casos concretos-, la entidad reguladora no sólo sancionó a la EPS, sino que ordenó indagar a todas las IPS que se negaron en practicarle el procedimiento a la niña aduciendo objeción de conciencia.

Estas son "ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, IPS Clínica Santa Ana S.A., IPS Clínica San José de Cúcuta, IPS Clínica Médico Quirúrgica, IPS Clínica Norte S.A. y Fundación Mario Gaitán Yanguas", señaló el texto.

Daniela Vergel, abogada de la menor violada, reveló que el crimen ocurrió en 2005, mientras la niña hacía tareas en su hogar, en la capital nortesantandereana.

"Un vecino, que estaba en libertad provisional por extorsión y secuestro, entró a su casa y con un acompañante la violó", explicó la jurista.

Tras ser abusada, la menor intentó suicidarse en varias ocasiones y, además, tuvo que dar a luz un hijo al que entregó en adopción, pues siete centros médicos se negaron a practicarle el aborto a pesar de que su caso hace que este procedimiento sea legal.

Vergel afirmó que la EPS forzó a la menor a "vivir todo el proceso de discriminación (...) al negarse a interrumpir su embarazo (y) obligarla a dar a luz al bebé".

Por su parte, Roa expresó que "es la primera vez que la Superintendencia, en ejercicio de su función de inspección, vigilancia y control, sanciona a una EPS por no haberle garantizado a esta menor el derecho que tenía a interrumpir el embarazo".

Bogotá