Algunas de las amenazas han sido distribuidas en volantes que dicen "Nosotros no jugamos, es una advertencia, no lo olvide", o han llegado a través de mensajes de texto en los celulares.

Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes presentados como ‘falsos positivos', dijo temer por la vida de sus otros dos hijos a quienes "hace más o menos mes y medio (...) los intercedió una persona en una moto con prendas militares pidiéndoles papeles al chico de 17 años".

"Tengo entendido que un militar solo no debe pedir papeles, sólo cuando están haciendo una batida, eso me tiene bastante preocupada", agregó la mujer.

Asimismo, señaló que otras madres han sido víctimas de amenazas, pues a una de ellas "le pusieron una correa militar llena de puntillas en la puerta", mientras que a otra "dos personas en una moto, el parrillero la intercedió, la puso contra la pared, le puso un revólver en la cabeza y le dijo que dejara de estar hablando porque si no iba a aparecer como el hijo en Ocaña".

El personero de Soacha, Fernando Escobar, expresó su preocupación por los hechos, que, afirmó, "se han puesto en conocimiento de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de las autoridades locales, del Comité de Derechos Humanos del Congreso".

La respuesta que han recibido de ellos hasta el momento es la aplicación al "Plan Padrino a favor de algunas de las familias (afectadas), aunque esa es una medida que sigue siendo poca frente al riesgo en que se pueden encontrar esas familias", explicó.

Escobar también manifestó su alarma sobre "el tema de los términos judiciales y que al vencimiento de los términos quienes están en este momento siendo objeto de investigación (por los ‘falsos positivos') puedan quedar libres".

Por eso, hizo un llamado "en nombre de las familias, porque han manifestado su preocupación por este tema".

Sobre los procesos que se siguen contra los militares involucrados en estos crímenes, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó que todos los procesos en los que civiles fueron asesinados y presentados como muertos en combate, sean asumidos por la justicia ordinaria.

Además, el alto tribunal advirtió que se indagará a los abogados que argumenten colisión de competencias para dilatar los procesos contra los uniformados y buscar vencimiento de términos.

Los militares investigados por estos casos, enfrentan cargos de militares por homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para delinquir y falsedad ideológica.

Bogotá