Murcia no se presentó a la audiencia prevista para este miércoles y, a cambio, envió una carta al juez en la que denuncia falta de garantías en su proceso.

El jurista Gustavo Salazar Pineda, que encabeza el grupo defensor del cerebro del intervenido consorcio DMG, dijo que a su cliente está en desventaja para controvertir las acusaciones de captación ilegal de dinero y de lavado de activos por las que es enjuiciado.

"Él dice que cree más en la justicia norteamericana que en la colombiana", afirmó Salazar a la salida del juzgado en Bogotá en el que el empresario comparece en juicio.

El abogado explicó que su cliente ha sido prácticamente hallado culpable de manera anticipada y no se le escucha, lo que significa que no cuenta con las garantías procesales.

Todo ello "hace pensar que es mejor que lo extraditen", añadió el jurista, aunque sostuvo que Murcia tampoco es responsable de los cargos que le fueron formulados la semana pasada en Estados Unidos.

Murcia y cinco de sus antiguos ejecutivos en DMG (sigla que se deriva de las iniciales del nombre del empresario) fueron procesados el 18 de marzo último por la sección de la Fiscalía estadounidense en Manhattan bajo cargos relacionados con blanqueo de dinero del narcotráfico.

En la audiencia de este miércoles en el Tribunal Superior de Bogotá, los abogados de Murcia mostraron al juez las pruebas que demostrarían su inocencia, mientras los representantes de los clientes de la comercializadora se mostraron preocupados por la decisión del creador de DMG.

"El problema está en que si lo extraditan sin terminar el proceso penal, eso sí es perjudicial porque quedaríamos a la expectativa de qué pasaría con los bienes", explicó Fernando Ruiz, representante de los afectados.

La audiencia, a la que como es habitual acudieron decenas de seguidores de Murcia, se reanudará el próximo lunes.

El colombiano fue detenido el pasado noviembre en Panamá, de donde fue deportado de inmediato a su país, que por entonces había sido declarado en "emergencia social" para afrontar una crisis por la quiebra de "pirámides" o desaparición de propietarios de estas entidades ilegales de captación de dinero.

En virtud de esta medida, adoptada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, las autoridades intervinieron el grupo DMG, que se dedicaba a la comercialización de bienes y servicios mediante la venta de tarjetas prepago y el reconocimiento futuro del capital invertido en estos medios de pago.

Bogotá