Carlos Alberto Jaramillo, presidente del grupo, señaló como "atroz" la información que afirma que ellos aceptaron "de DMG el servicio de almacenamiento y transporte porque DMG quería meterse dentro del proceso de reelección presidencial".

"La Asociación Colombia Primero es una organización que no recibió, que no tiene en su contabilidad y que no tiene ningún dinero procedente del narcotráfico", expresó.

"Y si se va a asociar a la firma DMG con el narcotráfico y con dineros ilícitos nosotros no tenemos nada que ver con Transval, no tenemos que ver con DMG, no tenemos que ver con ningunos de esos señores", recalcó Jaramillo.

En una conferencia de prensa, el funcionario ofreció un listado con más de 100 empresas y personas naturales que aportaron dinero a la asociación para la recolección de firmas del referendo.

"Tiene 1.900 y algo de millones de pesos para que esté en presencia de los colombianos, porque es que nadie podrá decir que aquí tenemos dineros turbios o dineros que no lo son", reiteró.

No obstante, el registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez Torres, ha cuestionado estas cuentas que costaron 2.042 millones de pesos, de los cuales 142 millones provienen de aportes voluntarios y el saldo restante de un crédito bancario.

Por eso, Luis Guillermo Giraldo, promotor del referendo, les pidió a los colombianos que tengan tarjeta de crédito pagar los 1.900 millones de pesos que adeuda la iniciativa.

"Que autoricen que en sus tarjetas se les cargue 10.000, 20.000 pesos y entonces nos ahorraríamos el tema de la Lista Clinton, porque quien tiene tarjeta de crédito no está ahí", aseguró.

Giraldo indicó además que "hay unas actuaciones del registrador que yo puedo denunciar ante el Congreso y puedo denunciar ante la opinión".

Ante la propuesta del promotor del referendo, Germán Navas Talero, representante del Polo Democrático Alternativo, manifestó que es "absurda, porque si la plata con la cual se financió el referendo es lícita, para qué lavarla ahora con los aportes de los ciudadanos".

Y expresó que nunca creyó "en el cuentito de que eran préstamos y nunca creí que eran personas que querían guardar su identidad".

Por su parte, Nicolás Uribe, representante del partido de La U, señaló que aunque "es importante que haya claridad sobre los financiadores del referendo, si se aplica esta fórmula democrática en donde muchos ciudadanos aportan muy poca plata, creo que le da garantías de transparencia al procedimiento".

Sin embargo, lamentó que "esto no se hubiera hecho hace una año cuando se planeó la estrategia de recolección de firmas".

Según el funcionario, "son varias e, inclusive, darían a solicitar una investigación de índole penal y disciplinaria por no haber procedido como ha debido proceder de acuerdo con la ley".

Jaramillo reveló además, que cuando el grupo contrató a la empresa Transval para que almacenara y transportara las firmas, ésta figuraba en los registros de la Superintendencia de Vigilancia y no tenía algún problema legal.

Bogotá